La Cámara de Diputados de la Nación dio un paso fundamental hacia la creación de un marco normativo nacional para garantizar el cierre responsable y seguro de minas en Argentina. Bajo la conducción del diputado Walberto Allende, representante de San Juan y presidente de la comisión de Minería, los legisladores comenzaron a debatir y perfeccionar una serie de modificaciones a la histórica Ley 1.919, pieza clave de la legislación minera argentina, con el objetivo de actualizar y robustecer la normativa vinculada al cierre de minas.

El tratamiento de estas modificaciones demuestra la creciente conciencia social y política sobre la importancia de gestionar adecuadamente el ciclo completo de la actividad minera, desde su apertura hasta la fase final del cierre, donde se busca mitigar los posibles impactos ambientales y garantizar la seguridad de las comunidades cercanas. Uno de los aspectos centrales del proyecto en discusión es la obligatoriedad de que todas las empresas mineras presenten, desde el inicio de sus operaciones, un plan detallado de cierre de mina. Este plan deberá contener una hoja de ruta precisa sobre cómo se realizará el desmantelamiento de infraestructuras, la restauración de suelos y paisajes y la remediación de posibles pasivos ambientales generados durante la explotación.

A diferencia del vacío legal que existía hasta ahora en torno al cierre de minas en Argentina, las modificaciones propuestas establecen criterios concretos para la elaboración, la presentación y la implementación de estos planes. Además, contempla la constitución de garantías ambientales: es decir, las empresas deberán aportar fondos, seguros u otros instrumentos financieros específicos como garantía de que cumplirán con las tareas de cierre y remediación establecidas en sus proyectos. En caso de incumplimiento, el Estado podrá ejecutar estas garantías y tomar intervención directa para impedir daños al medio ambiente y a la salud pública.

La iniciativa también incorpora mecanismos de seguimiento y auditoría, tanto por parte de organismos nacionales como provinciales, con el fin de asegurar la transparencia y la eficacia de los planes de cierre. Esto representa un avance significativo en el rol del Estado como controlador y garante, además de fortalecerse la articulación con los gobiernos provinciales, en sintonía con el principio de federalismo que rige la administración de los recursos mineros en el país.

Durante el debate en comisión, Walberto Allende destacó que el cierre de minas es uno de los grandes desafíos de la minería moderna y que contar con una ley nacional permitirá a la Argentina equipararse a los mejores estándares internacionales. “No se trata solo de poner fin a una etapa productiva, sino de garantizar la protección ambiental y la seguridad de las personas que viven en las zonas de influencia minera”, afirmó el legislador sanjuanino.

Por su parte, legisladores y especialistas invitados subrayaron la importancia de que la minería argentina crezca en volumen, pero también en responsabilidad y sostenibilidad. Enfatizaron que una regulación moderna en materia de cierre de minas da mayor previsibilidad jurídica a los inversores y responde a la creciente demanda social de cuidado ambiental. Además, apuntaron que el nuevo marco legal incentivará el desarrollo de tecnologías y metodologías innovadoras para la remediación de suelos y el restablecimiento de ecosistemas, abriendo nuevas oportunidades de empleo y desarrollo en comunidades cercanas a los proyectos mineros.

La discusión de esta ley llega en un momento clave para la minería argentina, sector que experimenta una expansión sostenida debido a la demanda internacional de minerales estratégicos como el litio, el cobre y el oro. La aprobación de una normativa clara y moderna sobre cierre de minas contribuiría no solo a mejorar la reputación de la actividad ante la opinión pública, sino también a robustecer los estándares ambientales y sociales de la industria nacional.

Luego del debate en comisión, el proyecto continuará su recorrido legislativo y será analizado por otros cuerpos parlamentarios antes de su eventual debate y aprobación en el recinto. De prosperar, Argentina contará por primera vez con una legislación nacional específica que brinde reglas claras y transparentes sobre cómo las empresas mineras deben planificar, costear y ejecutar el cierre definitivo de sus operaciones, priorizando la protección ambiental y el bienestar de las comunidades.

Con esta iniciativa, la Cámara de Diputados busca colocar a la minería argentina en la senda de la sustentabilidad, la responsabilidad y la modernización, acompañando el desarrollo de una industria clave para el futuro económico del país, pero alineada con los más altos estándares ambientales.