El futuro de la minería en Mendoza podría cambiar significativamente gracias al nuevo proyecto de ley que presentó el gobernador Alfredo Cornejo ante la Legislatura provincial. El ambicioso texto legislativo, que ya empieza a generar revuelo entre empresarios mineros, ambientalistas y autoridades locales, propone modificar la forma en la que se calcula y distribuye el pago de regalías mineras, apuntando a un sistema más transparente, equitativo y sustentable.

Actualmente, Mendoza se encuentra en una etapa de redefinición de su política minera, buscando potenciar el desarrollo económico sin perder de vista la protección ambiental ni el bienestar de las comunidades directamente impactadas. El proyecto enviado por Cornejo busca establecer que las regalías, es decir, el porcentaje de las ganancias que las empresas mineras deben abonar al Estado por la explotación de recursos no renovables, se calculen en base al “valor boca mina” de los minerales extraídos. Esta modalidad representa un cambio relevante respecto de los criterios que rigen en otras provincias, donde a menudo las regalías se calculan sobre valores de exportación o precios internacionales, lo que puede generar dificultades de fiscalización y, en algunos casos, subdeclaraciones.

La propuesta contempla que una porción significativa de los fondos recaudados se destine directamente a los municipios donde se desarrollen los proyectos mineros. Así, se busca dar respuesta a una larga demanda de las comunidades locales, que suelen reclamar mayor participación en los beneficios derivados de la actividad extractiva. Según el borrador de la ley, una parte de las regalías quedaría en manos de los gobiernos municipales, otra estaría orientada a un fondo especial para el cuidado y la vigilancia ambiental y el resto iría a rentas generales de la provincia para financiar obras y servicios públicos.

Este nuevo esquema permitiría, por una parte, fortalecer la posición de Mendoza como destino de inversión minera, brindando mayores certezas a las empresas sobre el marco impositivo. Por otra, podría contribuir de manera directa a mejorar la calidad de vida de los habitantes en las regiones mineras, con recursos concretos para infraestructura, salud, educación y medio ambiente. La iniciativa también prevé mecanismos específicos de control y seguimiento del uso de los fondos, para asegurar su eficiencia y transparencia, y evitar desvíos que han sido frecuentes en otras jurisdicciones.

Uno de los puntos destacados por el Ejecutivo mendocino es la incorporación de una asignación obligatoria para el cuidado ambiental. En este aspecto, el proyecto busca responder a las preocupaciones de diversos sectores que denuncian el impacto de la minería sobre las fuentes de agua y la biodiversidad local. El fondo ambiental sería administrado por una comisión integrada por autoridades provinciales, expertos independientes y representantes de la sociedad civil, con el objetivo de financiar acciones de monitoreo, remediación y prevención de posibles daños ecológicos asociados a la actividad extractiva. Se espera que esta medida contribuya a fortalecer la confianza social en el sector minero, que en muchas regiones de Argentina enfrenta resistencias y cuestionamientos por su impacto ambiental.

No menos relevante es la previsión de dividendos concretos para las arcas municipales. Tanto intendentes como concejales de los departamentos mineros ven con buenos ojos la posibilidad de contar con un flujo de recursos adicionales, que podrían destinar a obras de infraestructura básica, programas sociales y fortalecimiento institucional. La discusión sobre la justa distribución de la riqueza minera —y quiénes deben ser sus principales beneficiarios— ha estado en el centro del debate político en Mendoza desde hace años. Este proyecto podría marcar un antes y un después en la relación entre la provincia, los municipios y las empresas que explotan los recursos naturales.

El gobernador Cornejo, al presentar el proyecto, sostuvo que la minería es una de las grandes oportunidades de desarrollo para Mendoza en la próxima década, pero insistió en que su crecimiento sólo será sostenible si se realiza bajo parámetros de responsabilidad y equidad. La propuesta de otorgar participación directa a los municipios y fortalecer el control ambiental apunta, precisamente, a lograr un equilibrio entre desarrollo económico, inclusión social y protección de los recursos naturales.

Se espera que el proyecto de ley, que comenzará a debatirse en las próximas semanas en las comisiones de la Legislatura, movilice a actores de todos los sectores. Empresarios mineros observan con expectativas la posibilidad de establecer reglas claras y consensuadas, mientras que organizaciones ambientales y sociales seguirán muy de cerca el avance de la iniciativa.

En suma, la apuesta del gobierno mendocino es avanzar hacia una minería más integrada con el territorio, donde los beneficios de la explotación de los recursos lleguen efectivamente a las comunidades y donde el cuidado del ambiente sea una prioridad indiscutible. La discusión que se abre a partir de este proyecto de regalías mineras será, sin duda, central para el futuro del sector y el destino económico de Mendoza.