En un movimiento que sacude el escenario minero de Catamarca, la Cámara Departamental de Proveedores de Servicios Mineros y Afines de Andalgalá anunció su separación formal de la Cámara Provincial de Proveedores Mineros (CAPPROMIN). Esta decisión, corroborada a través de un comunicado que circuló oficialmente, no sólo implica una reconfiguración en la representación sectorial, sino que también visibiliza tensiones latentes y profundas diferencias en el seno de la industria minera de la provincia.

La ruptura ocurre en un contexto donde el sector minero, uno de los motores económicos clave de Catamarca, se encuentra bajo la lupa de la opinión pública y de los inversores debido a los desafíos de gobernanza interna, transparencia y participación equitativa de actores locales. Fuentes cercanas revelan que, más allá de la formalidad protocolar en los comunicados, existe un marcado desencanto entre los miembros de la cámara departamental de Andalgalá respecto al manejo actual de CAPPROMIN. Entre los señalamientos más graves se encuentran acusaciones de favoritismo en la distribución de contratos y beneficios, así como una preferencia sistemática hacia proveedores específicos, lo que habría generado un clima de desconfianza y malestar entre empresarios y proveedores mineros de la región.

La oficialmente denominada Cámara Departamental de Proveedores de Andalgalá, que agrupa a empresas y emprendedores locales que proveen servicios, insumos y tecnología para la industria minera, expresó su postura a través de un pronunciamiento que no tardó en hacerse eco tanto en medios provinciales como entre actores empresariales del sector. “La conducción centralizada y los criterios poco transparentes para la asignación de oportunidades están perjudicando a los proveedores locales. Es momento de defender los intereses de nuestra comunidad y buscar un modelo de representación más inclusivo y democrático”, sostiene una parte del comunicado.

La historia reciente de la actividad minera en Catamarca ha estado signada por el crecimiento exponencial de inversiones, la ejecución de grandes proyectos y la necesidad de articular políticas que integren al sector privado con las comunidades. En este sentido, el quiebre entre la cámara de Andalgalá y CAPPROMIN expone los desafíos de englobar bajo una misma organización a proveedores con realidades, intereses y tamaños muy diversos. “No tenemos igualdad de condiciones ni acceso a información. Algunos actores parecen tener una posición privilegiada y eso va en desmedro del desarrollo general del clúster minero provincial”, remarcaron referentes de Andalgalá en declaraciones extraoficiales.

Por su parte, desde CAPPROMIN aún no emitieron un posicionamiento público definitivo sobre la escisión pero fuentes allegadas al directorio deslizaron que se buscaría “abrir instancias de diálogo y mediación para evitar una fragmentación que perjudique la imagen sectorial y las gestiones conjuntas frente a empresas mineras y organismos estatales”. En ese sentido, existe preocupación acerca de la capacidad de negociación y presión que podría perder la cámara provincial ante empresas operadoras y organismos de gobierno si el movimiento de Andalgalá es replicado en otros departamentos o zonas de influencia.

Para la comunidad minera de Catamarca, el episodio reaviva viejos debates sobre el federalismo interno dentro de las cámaras y la distribución efectiva de los beneficios que la minería genera a escala local. La experiencia reciente demuestra que contar con representatividad genuina y la inclusión de proveedores de las diferentes zonas de la provincia es una de las demandas más urgentes de la agenda sectorial. Mientras, Andalgalá, una de las zonas históricamente mineras y de mayor peso en términos de desarrollo local, da un paso con el objetivo de consolidar autonomía en la gestión y defensa de los intereses de sus empresarios.

Resta por ver si este quiebre marcará sólo un episodio aislado o dará inicio a una ola de reclamos de mayor independencia y representación efectiva por parte de otros núcleos proveedores en la provincia. Lo cierto es que la noticia impactó en todos los ámbitos relacionados con la minería argentina, provocando una intensa discusión acerca de la necesidad de renovar y democratizar las estructuras representativas del sector, buscando garantizar una competencia más equitativa y una integración real de las comunidades productoras en la cadena de valor minera.