En un paso estratégico para la industria minera de San Juan y su economía, el Gobierno provincial acordó junto a las principales cámaras de proveedores mineros el impulso de una ley que otorgue beneficios concretos al sector local. El objetivo es claro: promover la generación de empleo sanjuanino, consolidar la cadena de valor minera y posibilitar un mayor desarrollo de empresas y servicios en la provincia.

La reunión, realizada recientemente, convocó a representantes del Gobierno sanjuanino y a las cámaras empresariales vinculadas al suministro de insumos, servicios y tecnología para la minería. Según el comunicado oficial difundido, existió un consenso unánime sobre la necesidad de dar un paso cualitativo en la articulación entre Estado, sector privado y proyectos mineros que se desarrollan en tierra sanjuanina, uno de los territorios argentinos con mayor potencial de crecimiento en el rubro.

El proyecto de ley que se pondrá en debate en la Legislatura Provincial busca otorgar incentivos fiscales, prioridad en las contrataciones y procesos de capacitación a las empresas proveedoras radicadas en San Juan. De esta manera, la iniciativa apunta tanto a fortalecer el entramado productivo local como a sentar las bases para una minería más inclusiva, con mayor arraigo social y beneficios económicos directos para la comunidad sanjuanina.

“Queremos que la riqueza que genera la minería se quede en San Juan, llegue a nuestras pymes, multiplique el empleo local y se traduzca en obras y desarrollo para nuestra gente”, afirmó un funcionario provincial. Los representantes de las cámaras mineras, por su parte, destacaron la importancia de contar con reglas claras y un marco legal que priorice a los proveedores sanjuaninos, remarcando que la competencia es cada vez mayor y que la competitividad de la cadena de valor depende en gran medida de la articulación público-privada.

La minería representa una de las actividades económicas más relevantes para San Juan, generando exportaciones, regalías y miles de puestos de trabajo de manera directa e indirecta. Sin embargo, desde hace años uno de los principales desafíos del sector ha sido lograr que el mayor porcentaje posible de los insumos, equipamiento y servicios requeridos para los proyectos extractivos provenga de empresas locales, fortaleciendo de esa manera al conjunto de la economía regional.

Según datos de las cámaras empresariales, actualmente en San Juan operan más de 450 compañías que actúan como proveedoras mineras, abarcando rubros como transporte, construcción, tecnología, servicios logísticos, alimentos, indumentaria laboral y soluciones ambientales, entre otros. No obstante, muchas de estas firmas encuentran dificultades para competir con grandes proveedores de otras provincias o del exterior, principalmente debido a cuestiones impositivas, escalas o falta de financiamiento y capacitación.

A través de este proyecto de ley, el Gobierno de San Juan apunta a corregir esas asimetrías y estimular el surgimiento de nuevas empresas locales capaces de sumarse a la cadena de valor minera. Entre los beneficios previstos en la iniciativa se destaca la creación de un registro provincial de proveedores mineros, la obligación de las empresas mineras de priorizar la contratación de firmas radicadas en la provincia y la implementación de capacitaciones y líneas de financiamiento para la incorporación de tecnología e innovación en las pymes sanjuaninas.

Al mismo tiempo, la normativa fortalecería los mecanismos de control y transparentaría los procesos de adjudicación de contratos, promoviendo la participación de empresas de diferentes tamaños y garantizando una distribución equitativa de las oportunidades generadas por el desarrollo minero. Además, el proyecto contempla la conformación de una mesa de seguimiento integrada por autoridades, empresarios y representantes gremiales para monitorear el cumplimiento de la ley y proponer eventuales mejoras.

Este avance legislativo ocurre en un contexto de crecimiento sostenido de la actividad minera en San Juan. Proyectos de gran escala como Veladero y el anuncio de nuevas inversiones en cobre y oro posicionan a la provincia como uno de los polos mineros más dinámicos de Argentina. Por ello, la expectativa es que la sanción de la ley represente un salto de calidad para toda la cadena productiva, consolidando a San Juan como un ejemplo de desarrollo minero responsable, inclusivo y comprometido con su gente.

La comunidad minera y empresarial sanjuanina ha recibido este anuncio con expectativas positivas, interpretando que la normativa será una herramienta fundamental para garantizar que los beneficios de la minería lleguen a más ciudadanos y empresas de la provincia, proyectando un crecimiento sustentable de largo plazo. Con este impulso, San Juan se perfila como líder nacional en la integración de proveedores locales en la industria minera, sentando un precedente a seguir para otras provincias con potencial minero en Argentina.