En un paso fundamental para el futuro de la actividad minera en la Argentina, la Comisión de Minería, Energía y Combustibles del Senado ha dado dictamen favorable al proyecto de reforma aclaratoria de la Ley de Glaciares. Esta iniciativa, largamente aguardada por los actores del sector, será debatida en el recinto durante las sesiones extraordinarias previstas para el 10 de febrero del próximo año.

La Ley de Glaciares, vigente desde 2010, estableció un marco de protección ambiental para los glaciares y el ambiente periglacial, con el objetivo principal de preservar estas fuentes de agua dulce frente a las amenazas del cambio climático y de actividades productivas como la minería. Sin embargo, desde su implementación, la normativa ha sido objeto de debates y controversias respecto a su alcance y la forma en que impacta en los proyectos mineros, especialmente en zonas de alta cordillera con potencial para el desarrollo de la industria extractiva.

El sector minero, junto a diversas cámaras empresariales provinciales, ha sostenido que ciertos aspectos de la ley, especialmente relativos a la delimitación de áreas protegidas, han generado inseguridad jurídica y frenado inversiones millonarias. Las provincias cordilleranas —San Juan, Catamarca, Santa Cruz, Mendoza y Jujuy— consideran vital avanzar hacia una compatibilización entre la protección ambiental y el desarrollo responsable de la minería, fuente de empleo e ingresos para esas regiones.

Frente a este panorama, el Senado comenzó un proceso de revisión y actualización de la legislación, con el objetivo de dotar de mayor claridad y previsibilidad al marco legal para las inversiones mineras y energéticas. Tras intensos debates y consultas con expertos, organizaciones ambientales, representantes gremiales y autoridades provinciales, la Comisión de Minería, Energía y Combustibles emitió finalmente el dictamen que habilita el tratamiento del proyecto en el recinto.

El dictamen propone precisiones técnicas sobre la definición y el inventario de glaciares, así como en los criterios para la delimitación de las áreas de protección. También aclara el alcance de actividades prohibidas y habilitadas dentro del ambiente periglacial. Con ello, se busca despejar dudas interpretativas y ofrecer marcos regulatorios claros a las empresas interesadas en desarrollar proyectos de exploración y explotación minera en la zona andina, sin sacrificar los estándares ambientales acordados a nivel nacional e internacional.

“La Argentina necesita reglas claras para aprovechar de manera sustentable sus recursos naturales. Esta reforma busca lograr el equilibrio entre el cuidado de nuestros glaciares y la promoción de inversiones que generan empleo”, señaló uno de los miembros de la comisión al término del plenario. Por su parte, voces provenientes de organizaciones ambientalistas advirtieron sobre la importancia de no flexibilizar los controles y asegurar que la reforma no implique retrocesos en la protección de reservas hídricas estratégicas para el país.

El proyecto será tratado el 10 de febrero, durante las sesiones extraordinarias convocadas para discutir temas estratégicos en el Congreso. Tanto el oficialismo como sectores de la oposición consideran indispensable llegar a consensos que permitan compatibilizar crecimiento económico y defensa del ambiente.

Representantes de provincias mineras ya expresaron su respaldo al dictamen. “La minería es clave para el desarrollo federal. Necesitamos certeza jurídica, pero bajo el compromiso de respetar los más altos estándares ambientales. Esta actualización es una deuda pendiente para consolidar inversiones y empleo”, expresó un legislador sanjuanino.

Este avance legislativo se produce en un contexto global marcado por la demanda creciente de minerales estratégicos para la transición energética, como el litio, el cobre y el oro, todos presentes en el territorio argentino. Las decisiones que tome el país respecto a la regulación de su minería y la protección de sus recursos hídricos impactarán no solo en la economía nacional, sino también en su posición internacional de cara a los desafíos de la sustentabilidad y el cambio climático.

En conclusión, la futura discusión del proyecto de reforma de la Ley de Glaciares en el Senado representa mucho más que una cuestión normativa: es una oportunidad para redefinir el equilibrio entre el desarrollo productivo y la gestión ambiental de uno de los patrimonios naturales más valiosos de la Argentina. Todos los ojos del sector minero y la sociedad estarán atentos al debate y a sus resultados, que marcarán el rumbo de la industria para los próximos años.