El reciente anuncio del presidente Javier Milei sobre un ambicioso plan para flexibilizar la minería en áreas próximas a los glaciares ha encendido una intensa controversia en el espectro ambiental y político argentino. La iniciativa busca entregar a las provincias mayor autonomía para decidir dónde se permitirá la explotación minera, una propuesta que ha levantado profundas preocupaciones por el impacto que tendría sobre las reservas estratégicas de agua que estos ecosistemas representan para el país.

Desde distintos sectores vinculados a la conservación y el manejo sostenible del medio ambiente, la medida ha sido recibida con alarma. Greenpeace Argentina fue una de las primeras organizaciones en emitir un comunicado enfático advirtiendo sobre los riesgos que implica esta flexibilización. Agostina Rossi Serra, especialista en biodiversidad y biodiversidad de la organización, sostuvo que “sin glaciares no hay agua, y sin agua no hay futuro”, enfatizando la función crítica que cumplen estos cuerpos de hielo en el abastecimiento hídrico nacional.

El enfoque oficial, sin embargo, apunta a resaltar el potencial económico y social que la minería podría generar. En sus declaraciones, Milei defendió la iniciativa argumentando que la minería tiene la capacidad de generar hasta un millón de puestos de trabajo directos e indirectos, revitalizando así la economía y atrayendo inversiones significativas. Además, el mandatario criticó a las organizaciones ambientalistas opositoras, calificándolas de obstáculos para el desarrollo.

No obstante, esta propuesta choca frontalmente con el marco legal vigente. La Ley de Glaciares, sancionada en 2010 y reafirmada por la Corte Suprema de Justicia en 2019, establece una protección integral de los glaciares y sus ambientes periglaciares, dada su función como reservas naturales de agua dulce para el país. Esta legislación prohíbe expresamente actividades extractivas en estas zonas, reconociendo la importancia estratégica e irremplazable de estos ecosistemas.

Además, la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) ha puesto el foco en la vulnerabilidad creciente de los glaciares argentinos. Argentina cuenta con más de 16,900 cuerpos de hielo distribuidos principalmente en la Cordillera de los Andes, que ya evidencian un retroceso de hasta un 17% en algunos sectores debido al cambio climático. Cualquier intervención minera podría acelerar estos procesos y comprometer la disponibilidad hídrica tanto para consumo humano como para actividades productivas, además de generar impactos ambientales y sociales de gran escala.

Entre las preocupaciones más relevantes, expertos y ambientalistas destacan:

– La posible contaminación de las fuentes de agua por la utilización intensiva de químicos y el desecho de materiales tóxicos propios de la actividad minera.

– La degradación irreversible de ecosistemas que cumplen funciones clave en la regulación hídrica y climática.

– El riesgo social que implica afectar comunidades locales que dependen directamente de estos recursos naturales para su subsistencia.

Este debate pone en evidencia una tensión fundamental en Argentina: la búsqueda de un desarrollo económico basado en la explotación de los recursos naturales versus la necesidad de conservar el patrimonio ambiental imprescindible para garantizar la vida y el bienestar a largo plazo. La discusión sobre la minería en zonas glaciales no solo es un tema de política ambiental, sino también de planificación estratégica en torno a los recursos hídricos del futuro.

La polémica sigue abierta y los distintos actores, desde el gobierno hasta las organizaciones de la sociedad civil, se preparan para un intenso debate. La definición que tome Argentina en este punto marcará el rumbo de su política ambiental y económica en los años venideros, con implicancias que irán más allá de sus fronteras.

Con información de Versión Rosario.