En una jornada cargada de expectativas y definiciones en el Congreso Nacional, Patricia Bullrich, flamante senadora y hasta hace poco ministra de Seguridad de la Nación, anunció que el Senado de la Nación tratará la Ley de Glaciares en una próxima sesión extraordinaria. Su declaración se produjo poco después de haber jurado como legisladora y en el contexto de una agenda parlamentaria marcada por debates trascendentales para el futuro del país, en especial para el desarrollo de la industria minera en la Argentina.

El anuncio de Bullrich no pasó desapercibido y generó inmediatas repercusiones tanto en el ámbito político como en los sectores productivos y ambientales. La Ley de Glaciares, oficialmente conocida como la Ley 26.639 de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial, está en el centro de la escena debido a su impacto clave sobre proyectos mineros de gran envergadura, sobre todo en regiones andinas prioritarias para el desarrollo económico.

Durante su breve alocución ante los medios y colegas legisladores, Bullrich explicó: “La Ley de Glaciares es uno de los temas prioritarios en la agenda del Senado. En la próxima sesión extraordinaria vamos a darle tratamiento, con la responsabilidad que exige un tema que involucra tanto al cuidado del ambiente como a la promoción del desarrollo económico”. Sus palabras reflejaron el delicado equilibrio que atraviesa este debate: la necesidad de preservar los recursos naturales estratégicos de Argentina y, al mismo tiempo, no frenar las inversiones vitales para el crecimiento económico y la generación de empleo.

La Ley 26.639, sancionada en 2010, establece una tutela estricta sobre los glaciares y áreas periglaciales, prohibiendo actividades que puedan dañarlos, como la explotación minera a cielo abierto y la producción de sustancias contaminantes. Sin embargo, actores de la industria minera, gobernadores de provincias cordilleranas e incluso representantes sindicales han pedido revisiones y regulaciones más precisas, alegando que la norma en su actual redacción obstaculiza inversiones y el aprovechamiento racional de los recursos minerales en zonas consideradas estratégicas.

En ese contexto, la convocatoria a una sesión extraordinaria para tratar posibles cambios, reglamentaciones o interpretaciones de la Ley de Glaciares, es vista como una oportunidad histórica para destrabar la discusión y encontrar consensos entre las diferentes posiciones. Bullrich afirmó que “se buscará escuchar todas las voces: la de las comunidades locales, la de los expertos en ambiente, la de los trabajadores mineros y la de las empresas que apuestan por el desarrollo argentino”.

El sector minero de la Argentina observa con especial atención este debate. En los últimos años, proyectos mineros de litio, oro y cobre han enfrentado obstáculos por cuestiones regulatorias vinculadas a la Ley de Glaciares. Provincias como San Juan, Catamarca, Salta y Jujuy —todas con gran proyección en el desarrollo de recursos minerales— esperan que esta discusión permita brindar mayor certidumbre legal y fomentar la llegada de inversiones extranjeras, necesarias para motorizar la actividad y el empleo local.

Por su parte, organizaciones ambientalistas recuerdan que la protección de los glaciares es fundamental no solo para preservar ecosistemas únicos y fuentes de agua dulce vitales para comunidades enteras, sino también para cumplir con compromisos internacionales de lucha contra el cambio climático. Sostienen que flexibilizar la ley podría poner en riesgo patrimonios naturales irremplazables, y reclaman un debate responsable centrado en la ciencia y el interés nacional a largo plazo.

Desde la Cámara Alta, se anticipa que el debate será intenso y marcará un hito en la agenda política y económica del país. Bullrich concluyó su anuncio reiterando el llamado a la búsqueda de consensos: “Argentina necesita reglas claras, pero también políticas duraderas que protejan el ambiente y permitan crecer. Esa es la responsabilidad que hoy asume el Senado y por la que trabajaremos en las próximas semanas”.

Así, la Ley de Glaciares vuelve al centro de la escena, invitando a todos los actores sociales, políticos y económicos a ser parte de una discusión fundamental para el futuro de la minería, la protección de nuestros recursos naturales y el desarrollo sustentable del país.