El Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA) se ha pronunciado enérgicamente ante la posibilidad de una inminente reforma de la Ley de Glaciares, advirtiendo sobre los potenciales impactos que los cambios normativos podrían tener en los recursos hídricos y en el desarrollo de la minería en la provincia de Mendoza. En un comunicado difundido recientemente, el IANIGLA expresó una profunda preocupación, señalando que no ha sido consultado ni informado de forma oficial respecto a las propuestas de modificación que circulan en distintas instancias políticas y legislativas.

El IANIGLA, entidad de referencia en el estudio de la nieve, los glaciares y el ambiente periglacial —componentes fundamentales en la regulación y provisión del agua en la región de Cuyo—, enfatizó la trascendencia de estos ecosistemas. Recordó especialmente que el agua que abastece a Mendoza depende casi exclusivamente del ciclo natural de las nieves, la existencia y dinámica de los glaciares y, sobre todo, del delicado equilibrio del ambiente periglacial. “Modificar sin la debida información técnica científica puede traer consecuencias irreparables para los recursos hídricos que sustentan la economía, la vida cotidiana y las inversiones productivas de toda la provincia”, advirtieron en su mensaje.

La Ley 26.639, sancionada en 2010, estableció las pautas para la preservación de los glaciares y del ambiente periglacial como reservas estratégicas de recursos hídricos para consumo humano, agricultura, generación de energía y sostenimiento de la biodiversidad. Desde su promulgación, la norma fue motivo de debates —especialmente por su impacto en la actividad minera y petrolera— y su implementación ha implicado un constante desafío para armonizar el desarrollo productivo con la protección ambiental.

Los recientes intentos de introducir reformas a la Ley de Glaciares han reavivado la discusión pública, donde los sectores minero e industrial argumentan que la regulación actual dificulta inversiones y la puesta en marcha de proyectos productivos. Sin embargo, investigadores y especialistas ambientales, nucleados principalmente en el IANIGLA, han advertido sistemáticamente sobre el riesgo que implica debilitar los mecanismos de protección, destacando la importancia de mantener criterios científicos y técnicos en la toma de decisiones.

En este contexto, el IANIGLA sostiene que cualquier discusión sobre cambios legislativos debe contemplar de manera prioritaria la evidencia científica acumulada en más de dos décadas de investigación. “La protección de los glaciares y ambientes periglaciales no es solo una cuestión ecológica o paisajística: es la base sobre la que se asientan las posibilidades de vida y desarrollo en Mendoza y en buena parte de la cuenca del Río Mendoza”, señala el informe del Instituto. El agua proveniente del deshielo y de estos ambientes es indispensable no sólo para el consumo de las ciudades, sino también para la producción vitivinícola, uno de los motores económicos de la provincia, así como para la minería responsable y el turismo.

El comunicado emitido por el IANIGLA destaca también la necesidad de un diálogo informado y transparente, que contemple la participación de los institutos de investigación especializados y de todos los actores sociales y productivos involucrados. “La sustentabilidad de la minería y de otras actividades productivas sólo será posible si se respeta la integridad de las fuentes de agua que nos sostienen”, subraya el texto.

Desde el sector minero, la expectativa ante una posible flexibilización de la Ley es grande, en especial por el interés que Mendoza y otras provincias argentinas despiertan a nivel internacional gracias a sus reservas de minerales estratégicos como el cobre y el litio. Sin embargo, voces como la del IANIGLA recuerdan que un aprovechamiento sustentable y de largo plazo solo es posible sobre una base científica sólida y con normativas que garanticen el equilibrio entre ambiente y producción.

En conclusión, el IANIGLA plantea que cualquier iniciativa para modificar la Ley de Glaciares debe estar sustentada en la participación activa de los especialistas de la región, que conocen las particularidades de los ecosistemas de alta montaña. Reitera también la importancia de fortalecer el monitoreo y la investigación, herramientas clave para un manejo eficiente y responsable de los recursos naturales. El futuro de la minería, la agricultura y la vida en Mendoza depende —en buena medida— de las decisiones que hoy se tomen en torno a la protección del agua de origen glaciario y periglacial.