El desarrollo de la minería en la provincia de Mendoza ha presentado siempre desafíos particulares, especialmente cuando se trata de proteger los delicados ambientes periglaciares, fundamentales para el equilibrio hídrico de la región cordillerana. En este contexto, el Gobierno provincial ha dado un paso trascendental al diseñar y aprobar un protocolo específico que establece los lineamientos para la habilitación de proyectos mineros en estas zonas de alta sensibilidad ambiental.

Este instrumento normativo, impulsado por el oficialismo provincial, busca compatibilizar el desarrollo económico proveniente de la minería con la preservación de los recursos naturales. El objetivo principal es asegurar que cualquier exploración o explotación de minerales respete estrictamente las restricciones impuestas en el entorno de los glaciares y áreas periglaciares, tal como lo establece la legislación nacional vigente.

¿En qué consiste el nuevo protocolo? El documento, confeccionado por equipos técnicos interdisciplinarios, fija una serie de procedimientos que todas las empresas mineras deberán cumplir antes de iniciar cualquier actividad de extracción de minerales en zonas periglaciares. La atención se centra en la obligación de realizar un relevamiento exhaustivo del territorio donde pretenden operar, con el fin de identificar la existencia de cuerpos de hielo, su tamaño, extensión y características fundamentales para la regulación de ciclos hídricos.

Las empresas que pretendan desarrollar emprendimientos mineros en Mendoza deberán presentar ante las autoridades provinciales un estudio de identificación y caracterización detallada del ambiente periglaciar. Este punto es vital porque implica, además del cumplimiento de obligaciones ambientales, la obligación de utilizar tecnologías modernas de mapeo, sensores remotos e imágenes satelitales de alta resolución. Los resultados de estos estudios serán auditados por organismos provinciales y quedarán a disposición de la administración pública y la ciudadanía, garantizando transparencia y acceso a la información.

Uno de los aspectos más relevantes del protocolo es la definición precisa de qué se considera zona periglaciar susceptible de protección, considerando variables como la altitud, la presencia de suelos congelados estacional o permanentemente, y flujos subterráneos de agua provenientes de hielos. Además, se solicitarán análisis periódicos que permitan monitorear la evolución de estos cuerpos helados, tanto en fases previas como durante las operaciones mineras.

Una vez generado el inventario ambiental y con la información reunida, las compañías deberán preparar un plan de manejo ambiental específico. Este documento deberá responder a una pregunta clave: ¿de qué manera cada proyecto minero ajustará su operación para evitar daños directos e indirectos sobre el ambiente periglaciar? Serán indispensables medidas de protección específicas, acciones preventivas y sistemas de monitoreo continuo.

En caso de identificarse alguna amenaza o impacto significativo permitido por la ley, el protocolo prevé mecanismos de corrección, mitigación y, eventualmente, suspensión de actividades. A fin de reforzar la confianza en el procedimiento, se requiere la participación de auditores externos e instituciones académicas independientes, tanto para la validación de estudios como para el seguimiento de la evolución ambiental.

Este nuevo marco normativo es el resultado de meses de diálogo entre autoridades provinciales, especialistas en glaciología, técnicos mineros y organizaciones de la sociedad civil. Busca, en última instancia, destrabar inversiones millonarias en minería en Mendoza sin desatender la salvaguarda de los ecosistemas y fuentes de agua dulce que abastecen a comunidades y al sistema productivo regional.

En paralelo, el protocolo establece mecanismos sancionatorios claros para quienes incumplan las exigencias. Las penalidades van desde multas significativas hasta la revocación de permisos de explotación en los casos más graves. Así, el Gobierno provincial apuesta a fortalecer el control y la responsabilidad ambiental.

Desde el sector minero, la medida ha sido recibida con atención. Si bien reconocen que el protocolo implica nuevos requisitos técnicos y costos adicionales, lo consideran un avance para dar previsibilidad al desarrollo de proyectos y reducir la conflictividad social y judicial que en los últimos años ha trabado inversiones clave para Mendoza.

En definitiva, la provincia da un paso adelante para encontrar un equilibrio entre la minería responsable y la urgente necesidad de cuidar el ambiente en zonas vulnerables. El nuevo protocolo promete marcar un antes y un después en la relación entre el sector minero, la administración pública y la sociedad mendocina, y podría convertirse en un modelo de referencia para otras provincias argentinas que enfrentan el mismo desafío: explotar sus recursos sin hipotecar su futuro hídrico.