En una sesión cargada de expectativas y con la mirada puesta en el futuro productivo de la provincia, la Cámara de Diputados de Mendoza aprobó este miércoles la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del proyecto minero San Jorge, ubicado en el departamento de Uspallata. Se trata de una decisión histórica que podría marcar un antes y un después en la relación de Mendoza con la actividad minera metalífera y que, por su trascendencia, vuelve a instalar el debate en torno al desarrollo económico, la protección ambiental y la diversificación productiva en la región.

El proyecto San Jorge había llegado tiempo atrás al recinto legislativo provincial, siendo en 2011 rechazado por la misma Cámara baja bajo un clima de encendidas protestas sociales y fuertes posiciones antagónicas. Sin embargo, este año y tras varios meses de debate, tanto en comisiones como en espacios de participación pública, la suerte del emprendimiento parece haber cambiado gracias a los votos favorables de una mayor parte de los diputados, quienes destacaron la modernización de los análisis ambientales y el cumplimiento de los requerimientos legales exigidos por la Ley 7722, que rige la minería en Mendoza.

El texto aprobado ahora pasará al Senado provincial, donde deberá someterse a una nueva instancia de discusión legislativa antes de su eventual sanción definitiva. Cabe recordar que la Ley 7722, aprobada en 2007, exige expresamente que la explotación de yacimientos metalíferos con uso de sustancias químicas sea avalada por ambas cámaras legislativas, lo cual convierte a este paso en un verdadero hito institucional.

El proyecto San Jorge propone la explotación a cielo abierto de un yacimiento de cobre y oro bajo un esquema de extracción y procesamiento que, según sus impulsores, cumple con los estándares internacionales en materia ambiental y social. En esta nueva presentación, la empresa titular del proyecto aseguró la adopción de tecnología de punta y procesos de mitigación de impactos, comprometiéndose también a un monitoreo permanente y la participación activa de la comunidad local.

Los debates previos y la sesión estuvieron marcados por intensas discusiones, tanto entre los legisladores como a nivel social. Sectores ambientalistas hicieron públicas sus preocupaciones sobre el uso del agua y el destino de los residuos mineros, mientras que representantes de las comunidades cercanas reclamaron garantías de transparencia y beneficios económicos para la zona.

A favor de la iniciativa, diversos bloques señalaron el potencial del proyecto para dinamizar la economía mendocina a través de la generación de puestos de trabajo de calidad, la mayor recaudación tributaria y la posibilidad de atraer inversiones a una provincia que busca diversificar su matriz productiva. Destacaron asimismo la participación ciudadana en audiencias públicas y la rigurosidad técnica de la evaluación ambiental llevada adelante por organismos provinciales y equipos interdisciplinarios.

“El desarrollo minero es fundamental para el futuro de Mendoza, siempre y cuando se haga con control social y garantías ambientales. San Jorge puede marcar el rumbo para nuevos proyectos sustentables, bajo un marco normativo estricto que prioriza el cuidado del agua y el entorno”, señaló en la sesión una de las diputadas a favor de la aprobación.

Por su parte, quienes votaron en contra manifestaron su desconfianza sobre la viabilidad ambiental del emprendimiento y recordaron la historia reciente de conflictos en torno a los recursos hídricos mendocinos. Alegaron que aún existen dudas técnicas sobre la gestión de relaves y exigieron mayor información sobre los mecanismos de control en tiempo real.

El gobernador de Mendoza celebró el paso dado en Diputados y llamó a dar “un debate responsable y moderno” en el Senado, subrayando el desafío de avanzar hacia una minería que conviva con el desarrollo agrícola y turístico de la provincia. “No podemos resignar oportunidades de desarrollo, pero tampoco correr riesgos innecesarios sobre nuestro capital natural”, expresó.

En tanto, desde el sector empresarial minero resaltaron que la aprobación de la DIA representa una señal de seguridad jurídica e institucional clave para el sector. Sostienen que el caso San Jorge podría abrir la puerta a una nueva etapa de exploración y explotación responsable en Mendoza, acorde a las mejores prácticas internacionales.

Mientras se espera la pronta revisión en el Senado, la sociedad mendocina seguirá expectante ante un debate que sintetiza tensiones y aspiraciones de una provincia históricamente atravesada por el dilema minero. El avance del proyecto San Jorge no solo representa una movida en el tablero productivo, sino también un punto de inflexión que podría redefinir el rol de la minería metalífera en la región cuyana y argentina.