El sector minero de Santa Cruz ha expresado su fuerte preocupación respecto a la reciente modificación de la Ley 3141, impulsada por el gobernador Claudio Vidal, que eleva la exigencia de empleo local del 70% al 90% en los proyectos productivos de la provincia, incluyendo específicamente las minas de oro y plata. Esta nueva norma, aprobada unánimemente por la Legislatura en octubre de 2025, también duplica el plazo de residencia efectiva para que un trabajador sea considerado “local”, que pasa de tres a seis años.

El objetivo declarado de la ley es combatir la pérdida de aproximadamente 10.000 puestos de trabajo en Santa Cruz, principalmente en sectores como el petrolero y la obra pública. Sin embargo, las empresas mineras manifiestan que la norma resulta “impracticable” y podría afectar negativamente la inversión en la provincia. Recientemente, el secretario de Minería de Santa Cruz manifestó que la ley es “difícil de aplicar” debido a las exigencias técnicas y a la escasez de perfiles profesionales especializados en la región.

Fuentes del sector minero han advertido que la imposición de un cupo tan elevado de empleo local genera una gran incertidumbre jurídica y pone en riesgo aspectos clave de la actividad minera. Entre los principales impactos se destacan:

– Proyectos actuales: La operación de las cinco minas de oro y plata actualmente activas podría complicarse sustancialmente.
– Planes de ampliación: La inversión necesaria para ampliar la vida útil de yacimientos maduros podría verse desalentada.
– Proyectos de exploración: La competitividad de Santa Cruz para atraer inversiones frente a otras provincias y países podría verse reducida.

La Cámara Minera de Santa Cruz (CAMICRUZ) comparte el interés en fortalecer el empleo local, pero sostiene que un incremento de esta magnitud debe ser gradual y planificado. Según sus datos, el 90% de empleo local ya se cumple en la rama operaria, pero alcanzar ese porcentaje en áreas especializadas como ingeniería, geología y servicios técnicos resulta irrealizable en el corto plazo. Además, señalan que capacitar a un operario con estándares técnicos internacionales exige entre dos y tres años.

Otro punto crítico que preocupa al sector es la falta de claridad sobre las acciones que deben tomar las empresas si no logran cubrir el 90% de las posiciones con personal local especializado. La norma no especifica alternativas o flexibilidades para hacer frente a esta situación, incrementando la incertidumbre jurídica.

Detalles de la nueva regulación (Ley 3141)

El gobernador Claudio Vidal, ex líder sindical petrolero, promulgó la reforma el 13 de octubre de 2025. La ley introduce cambios importantes tales como:

– Cupo laboral: Establece como mínimo un 90% de empleados con residencia en Santa Cruz, permitiendo solo un 10% de trabajadores no residentes.
– Residencia efectiva: Amplía el tiempo requerido para ser considerado empleado local de tres a seis años continuos en la provincia.
– Subrégimen RIGI: Para proyectos bajo el Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones, se fija un mínimo del 60% de empleados residentes provinciales y un 30% de residentes en la localidad donde se realiza la inversión.

Para garantizar el cumplimiento, se creó el Sistema de Registro de Empleo Local (SIREL), una plataforma donde las empresas deben registrar a todo su personal. Además, se han implementado controles policiales y ministeriales en rutas para verificar la residencia de los trabajadores que se desplazan a las faenas mineras.

Santa Cruz es el principal exportador minero metalífero de Argentina, con envíos al exterior por un valor de 1.569 millones de dólares entre enero y septiembre de 2025, representando el 37% de las exportaciones mineras del país. Así, cualquier medida que limite el dinamismo del sector puede tener repercusiones significativas para la economía provincial y nacional.

El debate sobre la aplicación y los alcances de la ley 90/10 continúa abierto, y tanto autoridades como representantes del sector minero buscan soluciones equilibradas que permitan fortalecer el empleo local sin perjudicar la inversión y la competitividad de Santa Cruz en el ámbito minero.