Los planes de Bolivia para convertirse en un gran productor de litio han quedado en pausa tras la orden de un tribunal local que suspende dos importantes acuerdos de extracción firmados el año pasado, valorados en más de 2 mil millones de dólares, según informes de prensa.

Los contratos fueron firmados en 2023 y 2024 respectivamente con el consorcio chino CBC, que incluye al fabricante de baterías CATL, y con Uranium One Group de Rusia, una subsidiaria de la empresa nuclear estatal Rosatom, tal como revelaron diversas publicaciones, incluyendo el medio boliviano El Deber.

Los acuerdos tenían como objetivo establecer instalaciones de extracción directa de litio (DLE) en el Salar de Uyuni, al suroeste de Bolivia. Este salar alberga una de las mayores reservas de litio del mundo y forma parte del denominado Triángulo del Litio, compartido con Chile y Argentina.

La orden de suspensión fue emitida la semana pasada por un tribunal mixto de Colcha K (Villa Martin), un pueblo ubicado en la región de Potosí, tras una denuncia legal presentada por grupos indígenas que argumentaron que los proyectos violaban sus derechos ambientales y se permitieron avanzar sin una consulta formal.

Ambos proyectos aún no cuentan con aprobaciones legislativas, pero ya habían iniciado actividades preliminares en el sitio, las cuales, según el grupo local, se realizaron sin la autorización ni evaluaciones ambientales adecuadas.

35,000 toneladas

Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB), la empresa estatal de litio de Bolivia, posee el 51% de ambas empresas. En conjunto, se espera que las plantas produzcan 35,000 toneladas de carbonato de litio al año, indicó Omar Alarcón, director de YLB, en una conferencia de prensa el año pasado.

Según reportó el diario argentino Infobae, la resolución judicial impedirá que YLB así como el Ministerio de Hidrocarburos y Energía realicen cualquier acción administrativa u operativa relacionada con los contratos hasta que concluya el proceso judicial.

No obstante, el gobierno boliviano ha afirmado que aún no ha sido notificado formalmente de la sentencia y sostiene que, hasta recibir la comunicación oficial, el proceso legislativo sobre los contratos continuará.

Respuesta de los ministros

Álvaro Arnez, viceministro de Energías Alternativas, declaró a El Periódico de la Energía que las acusaciones sobre operaciones exploratorias no autorizadas que afectarían la disponibilidad local de agua son infundadas.

Por su parte, el ministro de Economía, Marcelo Montenegro, calificó la sentencia como un “obstáculo políticamente motivado al desarrollo regional”.

Además de las preocupaciones ambientales, se han planteado dudas respecto a las responsabilidades financieras y operativas asignadas al estado boliviano. Por ejemplo, el contrato con Uranium One obliga a YLB a reembolsar todos los costos de construcción y exploración, pese a que el socio ruso no tiene obligación de operar la planta, según Fundación Milenio, un centro de estudios.

Esta orden judicial pone de manifiesto la inestabilidad política persistente que dificulta los esfuerzos de Bolivia para desarrollar sus vastas reservas de litio, estimadas en 23 millones de toneladas según un estudio gubernamental.