La industria minera sudamericana y global sigue de cerca las implicancias del reciente fallo judicial emitido en Canadá contra Lundin Mining Corporation, la multinacional aurífera y cuprífera de amplia trayectoria en América Latina. Un tribunal canadiense ha dado luz verde a una demanda colectiva presentada por inversionistas que acusan a la compañía de ocultar información relevante tras un incidente ocurrido en su filial chilena, específicamente en la mina Candelaria, durante el año 2017.

Según los detalles del caso, el incidente en cuestión refiere a un derrumbe significativo dentro del Proyecto Candelaria, una de las principales operaciones de Lundin en Chile y piedra angular de su posicionamiento en la región. Sin embargo, el elemento más polémico y que ha motivado la acción legal no solo es el accidente en sí, sino el hecho de que la compañía presuntamente no informó dicho suceso a sus inversores hasta más de un mes después de haberse producido.

El fallo de la corte canadiense no implica todavía una sanción contra la empresa, pero constituye un serio revés judicial ya que reconoce fundamentos suficientes en la acusación como para que el caso avance a instancias mayores. Los demandantes sostienen que la omisión en los reportes ha afectado sus intereses financieros, pues el derrumbe generó caídas en la producción, afectó utilidades y repercutió en el precio de las acciones de Lundin, riesgos que —argumentan— debieron haber conocido oportunamente para tomar decisiones informadas.

El incidente de 2017, que ahora vuelve a ocupar titulares, ocurrió en una galería subterránea de la mina Candelaria, considerada una de las operaciones más importantes en la región de Atacama no solo por su envergadura productiva sino por la magnitud de las inversiones y el impacto en comunidades y empleos locales. Estudios previos advierten que el derrumbe obligó a detener faenas y realizar costosas tareas de rehabilitación y reforzamiento de estructuras, lo cual habría influenciado de manera directa en los resultados trimestrales de la compañía.

Uno de los aspectos más sensibles que destaca el fallo es el rol que cumplen las empresas multinacionales mineras respecto al deber de transparencia hacia sus inversionistas internacionales, tanto en sus mercados de origen como respecto a operaciones en jurisdicciones extranjeras. Expertos legales y analistas del sector subrayan que este tipo de veredictos puede sentar precedentes sobre cómo las empresas mineras reportan eventos con potencial impacto en sus balances y proyección bursátil, especialmente en un contexto en el que la demanda de minerales en América Latina sigue creciendo y los ojos del mundo están puestos sobre las prácticas de gobernanza del sector.

Las implicancias para Argentina y la región pueden ser considerables. Por un lado, Lundin Mining es un actor significativo en la industria minera de Sudamérica, con intereses en proyectos de cobre y oro tanto en Chile como en Argentina. El fortalecimiento de los mecanismos judiciales para exigir transparencia en Canadá —país de origen de múltiples inversores tecnológicos y mineros presentes en la región— podría motivar a otras firmas a revisar y robustecer sus protocolos de comunicación y cumplimiento normativo.

La noticia también plantea interrogantes sobre la forma en que las mineras informan eventos adversos ocurridos en sus operaciones internacionales y la rapidez con que esas novedades se comunican a los mercados. Desde Argentina, donde la minería enfrenta una creciente presión en materia de sustentabilidad y gobernanza, el caso Lundin Candelaria puede interpretarse como una advertencia sobre las consecuencias legales y reputacionales de no comunicar adecuadamente los riesgos y eventos adversos.

Por parte de la empresa, Lundin ha manifestado a través de comunicados oficiales que evalúa los pasos a seguir y que defenderá su proceder en el proceso judicial, insistiendo en su compromiso con la transparencia y el cumplimiento de las regulaciones aplicables.

El avance de la demanda colectiva representa un llamado de atención a toda la industria respecto al valor de la transparencia y la gestión de crisis en tiempo real. En un escenario de crecientes demandas sociales y mayores regulaciones, los inversores —en particular los institucionales— ya no solo valoran los resultados financieros sino también la responsabilidad y apertura de las empresas para administrar incidentes operacionales.

Este fallo, aunque localizado en Canadá, resuena en toda la cadena de valor minera sudamericana y particularmente llama a la reflexión sobre políticas empresariales en Argentina, país donde la minería está llamada a jugar un papel fundamental en la matriz exportadora en los próximos años.