El gobierno de la provincia de Salta anunció avances significativos en la evaluación ambiental del yacimiento de cobre y oro Taca Taca, proyecto emblema situado en la Puna salteña, que podría convertirse en uno de los mayores emprendimientos mineros de Argentina. Así lo aseguró Gustavo Carrizo, flamante secretario de Minería de la provincia, quien destacó la firme decisión política de acelerar los tiempos y responder a una de las principales demandas del sector: la eficiencia y previsibilidad de los procesos de fiscalización y análisis ambiental.

En declaraciones recientes, Carrizo reconoció los cuestionamientos recibidos por la demora en la autorización ambiental del proyecto Taca Taca, que desde hace seis años espera la aprobación necesaria para avanzar hacia la etapa de construcción. Este extenso período de análisis generó incertidumbre tanto entre los inversores internacionales —el proyecto está liderado por la canadiense First Quantum Minerals— como en la propia comunidad minera argentina, expectante de que Taca Taca impulse el desarrollo productivo y genere miles de empleos en el NOA.

“Entendemos la importancia estratégica que tiene Taca Taca no sólo para Salta, sino para toda la Argentina. Por eso, estamos comprometidos a ser más expeditivos en la evaluación de los estudios de impacto ambiental, sin resignar los altos estándares de sustentabilidad que exige la normativa vigente”, aseguró Carrizo, quien asumió la conducción de la Secretaría de Minería provincial el mes pasado.

Taca Taca, ubicado en el departamento de Los Andes, a más de 4.000 metros de altitud, representa una de las mayores reservas de cobre descubiertas en el país en las últimas décadas, con recursos estimados en más de 7,7 millones de toneladas de cobre, acompañados por considerables volúmenes de oro y molibdeno. De acuerdo a los planes de First Quantum Minerals, el desarrollo del yacimiento requerirá una inversión inicial superior a los US$3.600 millones y podría dar trabajo directo e indirecto a más de 4.000 personas durante su construcción.

El análisis ambiental de Taca Taca se inició en 2018, cuando la empresa presentó el Informe de Impacto Ambiental Integral (EIA, por sus siglas en inglés). Sin embargo, la complejidad del proyecto, su magnitud y la ubicación en una región sensible desde el punto de vista ecológico motivaron la realización de sucesivas rondas de observaciones, consultas públicas y requerimientos técnicos adicionales por parte de las autoridades provinciales, lo que extendió el proceso más allá de lo previsto.

“No se trata solo de acelerar una aprobación, sino de garantizar que todas las voces sean escuchadas y que la explotación del recurso se realice de forma responsable, minimizando los impactos negativos y maximizando los beneficios para las comunidades locales”, aclaró Carrizo. En este sentido, el funcionario subrayó que la política minera de Salta promueve el desarrollo con responsabilidad social y ambiental, y que el diálogo permanente con los pueblos originarios, organizaciones sociales y municipios es parte central del modelo provincial.

De cara a los próximos meses, y tal como han informado fuentes oficiales, la provincia prevé concluir la etapa final de revisión técnica y social para el otorgamiento de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) a Taca Taca, paso clave para destrabar la inversión y que la empresa pueda avanzar hacia la construcción de la mina. Carrizo manifestó su optimismo al respecto y sostuvo que el gobierno provincial está dispuesto a modernizar los procedimientos para que sean más ágiles, pero igual de rigurosos.

Además, el secretario de Minería resaltó el tiempo récord en el que otras iniciativas mineras han obtenido autorizaciones en Salta, producto de una planificación administrativa y técnica que ahora será replicada y fortalecida a mayor escala en proyectos de la envergadura de Taca Taca.

Finalmente, la inminente definición sobre Taca Taca vuelve a poner a Salta en el centro del escenario minero nacional e internacional, demostrando el compromiso del gobierno provincial para acompañar grandes inversiones, promover la sustentabilidad y garantizar un futuro de desarrollo e inclusión para la región y el país.