En un desarrollo que promete reavivar el debate sobre límites provinciales y la distribución de la riqueza minera, el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, anunció públicamente su intención de llevar adelante una acción judicial para reclamar la participación de su provincia en los beneficios del yacimiento Josemaría, uno de los proyectos de cobre y oro más importantes de Sudamérica, ubicado actualmente en la provincia de San Juan.

En una reciente entrevista televisiva, Quintela afirmó que La Rioja fue despojada de manera “ilegal” de una porción de territorio donde hoy opera el yacimiento Josemaría, en manos de una reconocida empresa internacional. El mandatario sostuvo que la provincia va a agotar todas las instancias legales para recuperar lo que, según sus palabras, históricamente le pertenece a La Rioja. “No estamos buscando conflicto, pero sí justicia. Se le quitó a La Rioja un espacio minero con métodos que no se ajustaron a la legalidad ni a la historia de la delimitación interprovincial”, señaló.

La disputa limítrofe entre San Juan y La Rioja no es nueva y se remonta a más de un siglo, cuando la delimitación de las fronteras provinciales quedó sujeta a interpretaciones cruzadas de la cartografía y las leyes nacionales. En la actualidad, el conflicto adquiere un renovado interés debido al potencial de Josemaría: el proyecto de cobre y oro a cielo abierto representaría años de inversiones millonarias, creación de empleo, desarrollo en infraestructura y regalías para la provincia anfitriona.

Desde el gobierno de La Rioja argumentan que existen antecedentes históricos y jurídicos que avalan su pedido. Según funcionarios riojanos, viejos mapas y documentos demostrarían que parte de la zona donde se extraen los minerales forma parte del departamento de Vinchina en La Rioja, lo que, de confirmarse, modificaría el actual esquema de distribución de regalías mineras. “Nuestro reclamo está fundamentado. Sabemos que iremos a una batalla judicial difícil, pero tenemos el derecho y el deber de pelear por los intereses de nuestra gente”, subrayó Quintela.

Por su parte, autoridades de San Juan respondieron que el proyecto Josemaría se encuentra íntegramente dentro del territorio sanjuanino y que la delimitación fue ratificada en reiteradas oportunidades tanto por la justicia como por el Instituto Geográfico Nacional. Voceros oficiales subrayaron que no existe ninguna razón para modificar la jurisdicción y advirtieron que el debate podría entorpecer futuras inversiones si no se maneja con criterio institucional.

El debate llega en un momento de auge para la minería en la región, donde la demanda internacional de cobre —por su uso fundamental en la transición energética— coloca a empresas, gobiernos y comunidades en una encrucijada respecto al manejo de recursos y los beneficios sociales y económicos que estos traen aparejados. Mientras tanto, en La Rioja crece la expectativa entre productores locales, cámaras empresariales y sindicatos mineros ante la posibilidad de obtener una cuota significativa de los ingresos por regalías y empleo asociado al yacimiento.

El antecedente más cercano de disputas limítrofes de este tipo en Argentina lo dio el conflicto entre Salta y Catamarca por el manejo de proyectos en la Puna, que involucró recursos litíferos estratégicos. En aquel caso, la Corte Suprema de Justicia debió intervenir y fue necesario un acuerdo político de alto nivel para zanjar diferencias históricas.

Organizaciones de la sociedad civil en ambas provincias han hecho un llamado a la cautela y al diálogo institucional, recordando la importancia de que la minería se convierta en un motor regional de desarrollo sostenible y no en fuente de conflictos. Desde el sector privado, la preocupación gira en torno a la seguridad jurídica y la continuidad de las inversiones en un contexto de volatilidad local e internacional.

Mientras se espera la inminente presentación judicial de La Rioja, el anuncio de Quintela pone en primer plano un debate de fondo sobre la federalización de la renta minera, la necesidad de actualizar los acuerdos interprovinciales y el rol que deben jugar las comunidades locales en la toma de decisiones sobre proyectos de este tipo. En los próximos meses, la resolución de este conflicto podría sentar un precedente clave para el futuro del desarrollo minero argentino y sus desafíos institucionales.